Experiencias comparadas, ¿qué se puede aprender del proceso de justicia transicional en Colombia?

Entrevistamos a 13 expertas y expertos miembros de sociedad civil y de gobierno en temas de justicia, reparación del daño y memoria.

  • Patricia Bulla, Directora de Estudios de Seguridad y Política Criminal, Fundación Ideas para la Paz. 
  • Juan Viana, Fundación Ideas para la Paz. 
  • Camilo Bernal, Coordinador del Equipo de Justicia Transicional y Lucha contra la Impunidad, ONU-DH, Colombia. 
  • María Camila Morena, Directora del ICTJ, Colombia. 
  • Lucía García, Consultora. 
  • Mariana Díaz, Consultora, Mobilizatorio. Laboratorio de Participación Social. 
  • Raúl Hernández, Director de Opción Legal. 
  • Luis Sánchez, Director del Museo Nacional de Memoria Histórica. 
  • Juliana Melo. Directora de Reparaciones. Unidad de Víctimas, gobierno de Colombia. 
  • Yochay Tolosa. Dirección Nacional de Planeación. 
  • Aníbal Andrés Ruye. Dirección Nacional de Planeación. 
  • Carolina Villadiego. Directora de investigaciones. Línea de “Sistema Judicial”. Dejusticia.

 

Algunos aprendizajes:

El sector privado en el proceso de justicia transicional

  • El proceso de desmovilización de las fuerzas paramilitares, fue un esfuerzo colectivo en el cual también participaron las empresas.
  • La Agencia para la Reincorporación y Normalización es una agencia del gobierno que tiene un área especializada en sumar empresas (hoy en día 650) para ofrecer empleo, desarrollo comunitario, formación, acceso a la salud a los desmovilizados.
  • Sin embargo, en Colombia, hay casos emblemáticos de empresas financiando a paramilitares (Chiquita Brands). En años recientes se han hecho esfuerzos por procesar y documentar estos casos.

 

Ideas de costos de la impunidad

  • Las violaciones graves a derechos humanos no generan disgusto colectivo y es el costo más alto de la impunidad
  • Otros costos que se podrían observar son los recursos de la cooperación internacional y los resultados que estos tienen en disminuir la violencia.
  • Otros costos de la impunidad es el conjunto de pérdidas sociales, la falta de confianza en la policía, los cambios culturales, la democracia y estado de derecho debilitados.
  • Costos asociados a la desaparición forzada: búsqueda inicial, pérdida de trabajo (mercado laboral), abogados, viajes y transporte, identificación de pruebas, empobrecimiento generalizado, comunidad fracturada

 

Sobre el proceso de justicia transicional

  • “No se amplía la capacidad del estado, aunque se amplía el reconocimiento de los delitos”
  • El presupuesto para el sistema de justicia es insuficiente, hay un déficit de jueces y fiscales la justicia no llega a todas las regiones del país de la misma manera.
  • Hay 8 millones de víctimas registradas en el Sistema Nacional Estatal de Víctimas, sin embargo, hay incapacidad para resolver todos los casos, no se toman en cuenta medidas de reparación de desarrollo comunitario y no se tasa el daño.
  • Un colectivo es un grupo que recibió amenazas conjuntas con características similares: desplazamiento forzado, confrontación o temas derivados del conflicto armado
  • Algunas faltas de la implementación de la ley: no hay presupuesto, falta de análisis económico, la Unidad de Reparación no tiene jerarquía suficiente, despliegue de acuerdos hacia la implementación estatal, vacíos de información y comunicación
  • En la reparación colectiva se toma en cuenta los daños culturales a las prácticas ancestrales, por ejemplo, por líderes asesinados.
  • La reparación administrativa la hace la Unidad de Reparación, la reparación civil la hace el sistema tradicional de justicia. En el caso de los paramilitares, si no tienen dinero para pagar, el estado tiene que hacerlo por ellos.
  • Los empresarios también son causantes del desplazamiento (mineras), han contado con impunidad garantizada, no hay una debida diligencia con los DDHH, han sufrido daños en reputación y por lo tanto se han visto obligados a participar en reintegración.
  • Colombia tiene 25 años construyendo la jurisprudencia de reparación. México tiene la oportunidad de ir sentando las bases para esto.
  • El objetivo del Centro Nacional de Memoria Histórica es resarcir el daño a las víctimas a través del reconocimiento de sus casos, de compensar el desequilibrio de las voces y la desigualdad en la visibilización de los casos.
  • La Unidad de Reparación de Daño a Víctimas es una institución creada en enero de 2012, a partir de la Ley 1448, de Víctimas y Restitución de Tierras, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno.
  • Un aprendizaje para México es:
    • No ofrecer indemnización individual a todas las víctimas, no hay presupuesto que alcance. De los 8 millones registradas al día de hoy, se han indemnizado al 11%.
    • Pensar en la reconstrucción del tejido social
    • Dar acompañamiento en el proceso judicial
    • Reconstrucción de la memoria y reinstalación de la cultura

 

  • La Unidad de Contexto dentro de la Fiscalía ha hecho un gran trabajo, cuenta con sociólogos, historiadores, hace análisis territorial y georreferencia al crimen organizado
  • Las salidas efectivas con las que cuenta el sistema de justicia: conciliación, reparación, principio de oportunidad, amnistía, delación

La Fiscalía implementó una política de priorización de crímenes y con eso aumentó la tasa de imputaciones de homicidios.