Impunidad y desplazamiento forzado

De acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, para finales de 2017 había al menos 330 mil desplazados en México. Solo durante el 2017, más de 20 mil 400 personas huyeron de sus comunidades en 27 municipios en nueve estados del país.
Muchos de los que denuncian los delitos y violaciones a los que han sido sometidos, así como los que no lo hacen, se ven forzados a abandonar sus lugares de residencia habitual.
Los costos sociales no recaen solamente sobre los desplazados. Tanto la comunidad que los ve irse, como la comunidad que los recibe, el Estado y las instituciones crediticias se ven afectados: negocios formales e informales cerrados después de meses o años de pago de cuotas de piso y amenazas, pérdida de empleos, tierras sin cultivar o cosechar, casas abandonadas, hipotecas y otros créditos sin pagar, desconfianza comunitaria, ruptura del tejido social; y así sucesivamente…

La afectación es multifacética y muy profunda.