ACERCA DEL PROYECTO

Desde hace tiempo, México enfrenta una severa crisis de impunidad. Esto no sólo se refleja en el número de violaciones a los derechos humanos y delitos que quedan sin ser investigados y sancionados a través del sistema de justicia, sino también en el débil Estado de Derecho que incentiva la reproducción de dichas violaciones y todo tipo de criminalidad.

Según el Índice de Paz México, el factor que en mayor medida se correlaciona con los niveles de violencia en el país es la corrupción[1]. Sin embargo, la corrupción en el país se acompaña por altos niveles de impunidad. El crimen, en general, y las violaciones a derechos humanos (como las agresiones y asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos, la tortura y las desapariciones, entre tantas otras, son prácticas que quedan sin castigo; es decir, permanecen en impunidad.

Desde que se puso en marcha la “guerra contra las drogas” a finales del 2006, la violencia en México ha generado un saldo de más de 30 mil personas desaparecidas, más de 200 mil asesinatos, más de 6 mil personas víctimas de tortura (de las cuales en más de mil casos se señala como responsables a miembros de las fuerzas armadas), más de 300 mil personas desplazadas internas por causa de la violencia, por violaciones a derechos humanos o para huir del contexto de violencia generalizada que se vive en su región.[2] Ante esta abrumadora realidad de violencia, criminalidad y violaciones a los derechos humanos, las carencias del sistema de justicia se hicieron aún más evidentes, principalmente, la falta de capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los culpables. Especialistas han estimado que en términos generales solamente el 2 % de los actos criminales que se cometen en el México son sancionados penalmente.[3] Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la impunidad directa de homicidio doloso en el mundo es alrededor del 57%; en América del 76%, en Asia del 52% y en Europa apenas del 19%. En México la impunidad en homicidio doloso en 2014 fue de 78.6%, lo que hace evidente la magnitud del problema.[4]

La corrupción y la falta de capacidades del sistema de justicia en su conjunto resultan en niveles de impunidad insostenibles para la vida de cualquier sociedad, más aún para una que aspira a ser democrática y a fundamentarse en el respeto a los derechos humanos.

La impunidad en México ya ha sido diagnosticada en cuanto a su dimensión y, en cierta medida, sus causas. Lo que no se ha estudiado con el detenimiento necesario en el país es lo relativo a los costos humanos y materiales que genera o propicia. Más allá del número crudo de vidas humanas pérdidas o de cuerpos violentados en su integridad física, ¿cuáles son los costos de la impunidad? ¿Cuáles son los costos, por ejemplo, en términos de producto per cápita perdido, de recursos destinados por autoridades, empresarios y particulares para intentar responder a la violencia y sus efectos? ¿Qué costo tiene para un empresario o para los familiares de las víctimas que ciertos delitos queden impunes? ¿Cómo altera el crimen y las violaciones a los derechos humanos la estabilidad económica y emocional, la vida cotidiana y las perspectivas de futuro de las víctimas y sus familiares? Este es el tipo de preguntas que este proyecto busca responder.

[1] Índice de Paz México 2016, pág. 53 http://economicsandpeace.org/wpcontent/uploads/2016/04/%C3%8Dndice-de-Paz-M%C3%A9xico-2016_ES.pdf

[2] Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C., “Seguridad interior, ¿seguridad para quién?” http://www.cmdpdh.org/publicaciones-pdf/cmdpdh-seguridad-interior.pdf

[3] Guillermo Zepeda Lecuona, “La Investigación de los Delitos y la Subversión de los

Principios del Subsistema Penal en México”, USMex 2004-03 Working Paper Series, San Diego, CA, Center for U.S.-Mexican Studies; Guillermo Zepeda Lecuona, “Desafíos de la seguridad ciudadana y la justicia penal en México”, en Due Process of Law Foundation and National Center for State Courts, Sociedad Civil y Reforma Judicial en América Latina, Washington DC: Due Process of Law Foundation and National Center for State Courts, 2005, pp. 293-308; Ana Laura Magaloni Kerpel, “Arbitrariedad e ineficiencia de la procuración de

justicia: Dos caras de la misma moneda”, Working Paper of the Department of Juridical Studies No. 26, Mexico City, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2007.

[4] Guillermo Zepeda Lecuona y Paola Guadalupe Jimenez Rodríguez, “Impunidad Frente al Homicidio Doloso en México”G. Zepeda, P., Este País, Diciembre 2016, http://www.estepais.com/articulo.php?id=791&t=impunidad-frente-al-homicidio-doloso-en-